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Tras el acuerdo con el Club de París para reestructurar deuda.
El gobierno argentino aprobó la documentación a suscribir con autoridades de Japón y Francia para reestructurar las respectivas deudas hasta el 30 de mayo de 2019, en el marco del acuerdo alcanzado un año atrás con los países acreedores nucleados en el Club de París.
Los montos reconocidos en ambos casos corresponden a la compensación de atrasos adeudados, garantizados o asegurados por los gobiernos y organismos japoneses y franceses.
En el caso de Francia las deudas refinanciadas suman 154,3 millones de dólares, 141,5 millones de euros y 97.700 francos suizos, mientras se reprogramarán pagos a Japón por 159.892 millones de yenes.
Al normalizarse la situación financiera ante los distintos gobiernos que componen el Club de París, se reabrirán los canales de financiamiento de las respectivas agencias oficiales de seguro de crédito a la exportación, cerrados para la Argentina desde el default de 2001.
El decreto 1043 da luz verde a las cartas reversales a suscribir con el Eximbank de Japón (por deudas vinculadas con las empresas Hidronor y Yacyretá); el Japan International Cooperation Agency (JICA) y el Japan Bank for International Cooperation (JEXIM)
Los préstamos y créditos comerciales de los organismos franceses y japoneses fueron originalmente otorgados, renovados y ampliados en favor del Estado nacional argentino, las provincias, municipios y organismos públicos durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, y cayeron en default durante la administración de Adolfo Rodríguez Saá.
El decreto 1043 para Japón, y el 957, con Francia, recuerdan que los Estados acreedores nucleados en el Club de París "han reconocido y enfatizado” la importancia del compromiso asumido por el país, de "implementar políticas de desendeudamiento”.
Estas políticas, se afirma, permitirán “desarrollar las facilidades de financiamiento necesarias para la concreción de proyectos de infraestructura estratégica y otras necesidades que hacen al desarrollo de la República Argentina".
Los países acreedores manifestaron asimismo que "la regularización de los atrasos en el pago de la deuda soberana resulta adecuada y propicia a fin de posibilitar la normalización de las relaciones económicas y financieras" bilaterales.
En tal sentido se convinieron pautas generales y particulares a fin de posibilitar la reestructuración de las deudas soberanas, en un esquema de pago que no podrá exceder de un período de cinco años y cuyo cronograma de vencimientos "resulta conveniente para las finanzas del Estado nacional".
La regularización de pagos habilitará a los organismos de financiamiento franceses y japoneses a otorgar nuevos respaldos a empresas y a distintas instancias del Estado nacional, para impulsar el proceso de inversión y facilitar operaciones de comercio exterior.
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